A vueltas con el Impuesto sobre el Patrimonio

Desde que el gobierno socialista decretara la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio –que el mismo gobierno “canceló temporalmente” en 2008- como medida para paliar el elevado déficit público español y contener la creciente deuda pública, se han organizado interesantes debates sobre la conveniencia o no de dicha medida.

El Impuesto sobre el Patrimonio “es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas” (Art. 1 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio), entendiendo el patrimonio neto como “el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder”.

Los objetivos del impuesto, tal como se señala en la exposición de motivos de la citada Ley, fundamentalmente son:

a)      equidad, gravando la capacidad de pago adicional que la posesión del patrimonio supone;

b)      de utilización más productiva de los recursos;

c)      de una mejor distribución de la renta y la riqueza

d)      de actuación complementaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

e)      la consecución de una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios y la obtención de una mayor justicia redistributiva complementaria de la aportada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Atendiendo a este último punto, se tiene que el Impuesto pretende gravar en mayor medida a aquellas personas que a lo largo de los años hayan acumulado una mayor riqueza, un mayor patrimonio.

Precisamente por ello, algunas de las voces tradicionalmente más críticas contra el tributo han sido las de las grandes fortunas españolas y las de los representantes de los empresarios.

Esas mismas voces son las que han vuelto a criticar ahora la recuperación del impuesto por parte del Gobierno. Así, Emilio Botín (presidente del Banco Santander), Joan Rosell (presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa CEPYME o el Círculo de Empresarios son algunas de las personas e instituciones que  ven “muy negativo que se recupere el gravamen sobre el Patrimonio”.

Resulta esta actitud muy diferente de la que han mostrado grandes fortunas de otros lugares del mundo, que han pedido a sus respectivos gobiernos pagar más impuestos, aunque sea temporalmente, para contribuir a resolver los problemas de déficit público excesivo que aquejan a la mayoría de estados desarrollados. En Francia, Italia y Alemania ha ocurrido esto, y es lo que han pedido también multimillonarios estadounidenses como Warren Buffet. Entienden que, en la difícil situación en la que se encuentran los gobiernos de sus países, los más ricos tienen que ejercer un mayor sentido de la responsabilidad. Y, dado que son los que mayor capacidad de pago tienen, entienden que pueden aportar su granito de arena.

Me hubiera gustado que en España hubiera sucedido lo mismo. Pero aquí somos o parecemos diferentes. O, al menos, los ricos de aquí lo son o lo parecen.

Solamente casos aislados de españoles pudientes, como Rosalía Mera, una de las principales accionistas de Inditex, se alinean con los ricos alemanes o franceses.

Hay, por tanto, elementos para el debate. Algunos expertos señalan que es un tributo lleno de deficiencias. Entre los principales argumentos que se aportan para la abogar por la eliminación del tributo están que es “desigual”, que “recae sobre la clase media”, que resulta “fácil de eludir” por los más ricos, que “penaliza el ahorro”, que provoca la fuga del país de grandes fortunas, que hace que las inversiones se deslocalicen hacia otros países o que se trata de una doble imposición (que grava rentas que ya tributaron en su momento por IRPF o por Sociedades).

Cabe realizar una serie de objeciones a tales postulados. Por una parte, la anunciada ampliación del mínimo exento hasta 700.000€ (antes estaba en 100.000€) garantizará que las clases medias no se vean obligadas a tributar, pero en cambio sí quedarán sujetos los patrimonios más elevados, en los que además se consigue una mayor recaudación agregada. Teniendo en cuenta el último año de aplicación (2007), se observa que más del 58% de la recaudación era aportada por los patrimonios superiores a 1,5 millones de euros, que representan solamente el 5% de los declarantes totales.

Fuente: El País

Otra crítica bastante recurrente es que la renta gravada por este impuesto ya tributa por el IRPF en el momento en el que es generada. Por tanto, no hay por qué volver a gravarla posteriormente en el Impuesto sobre el Patrimonio, ya que constituiría lo que se denomina “doble imposición”. En este punto, cabe objetar que renta y riqueza son realidades impositivas distintas; y que, además, el sistema fiscal está plagado de dobles imposiciones. Por ejemplo, el IVA grava el consumo o gasto que las familias hacen de sus rentas (rentas que, como es sabido, también han tributado ya por el IRPF), sin que nadie hable por ello de doble imposición.

Se argumenta también que genera una fuga de los ahorros y por tanto consigue que se invierta menos en el país y que haya una menguante actividad económica. Lo cierto es que el 99% de las empresas españolas son PYMES, y parece altamente improbable que la mayoría de sus administradores, gerentes o propietarios tengan fortunas superiores a 700.000€. La tabla de arriba muestra que el número de liquidaciones superiores a 1,5 millones de euros no llega en realidad a las 50.000.

Una crítica más sólida es el deficiente mecanismo utilizado para valorar los activos. Tal como señala José María Durán en El País, la vivienda habitual está, en buena medida, exenta, al excluirse los primeros 300.000 euros que se abonen por ella. Pero un inmueble adquirido en 2006 por 500.000 euros puede ahora valer mucho menos. Y, sin embargo, el contribuyente deberá tributar por él si su valor de compra supera al catastral, como sucede con casi todas las adquisiciones recientes. Por tanto, debería realizarse un ajuste técnico que permitiera una valoración común para todo.

Es cierto que, entre los países de la Eurozona, solamente Francia mantiene un tributo equiparable al de Patrimonio. En Europa, aparte de España y Francia, también lo aplican Liechtenstein, Noruega, y Suiza -a nivel de algunos cantones y comunas-. Otras muchas economías desarrolladas disponían hace años de impuestos similares, pero los han suprimido. Es el caso, por ejemplo, de Japón, Italia, Austria, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Finlandia o Suecia.

Fuente: Libertad Digital

Recientemente, la OCDE ha elaborado un reciente informe favorable a este tipo de impuestos, aludiendo razones de equidad y de eficiencia económica para su mantenimiento en el sistema fiscal. En esa línea están los anuncios realizados en Francia –que endurecerá temporalmente la tributación a los ricos para intentar reducir su déficit- o Grecia –con un nuevo impuesto inmobiliario-, así como las propuestas de algunos partidos políticos españoles como CIU –que propone crear un tributo que grave a las grandes fortunas– o UPyD –que ha pedido en reiteradas ocasiones la recuperación del I. Patrimonio haciéndolo más justo-.

Según el Ministerio de Economía y Hacienda, la recaudación que se espera obtener con el nuevo Impuesto del Patrimonio es reducida, de unos 1.080 millones, la mitad de lo que se consiguió en 2007 con la antigua normativa. Pero esta cifra no tiene en cuenta que a) el Estado delegó múltiples competencias de este tributo a las Comunidades Autónomas, que podían regular en su territorio el mínimo exento del impuesto, la tarifa del mismo y las deducciones y bonificaciones de la cuota; b) algunas de estas comunidades, en las que se conseguía mayor recaudación como Madrid, ampliaron los límites exentos de tributar hasta niveles elevados, que suponían casi la desaparición del tributo en sus territorios. Ello puede hacer que la recaudación efectiva sea aún menor, de unos 500 millones de euros, que suponen una cuantía realmente pequeña, apenas el 0,05% del PIB. Esta cantidad, que se empezaría a recaudar en 2012, no tendría por tanto un impacto significativo sobre el déficit público español.

En definitiva, el nuevo impuesto no servirá para reducir significativamente el gran déficit público español, y puede que no resulte determinante para la recuperación del equilibrio presupuestario al que se ha comprometido el Gobierno Español con la Unión Europea, y al que está obligado por  el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Aún así, en momentos tan críticos para las arcas públicas como son los actuales y los del futuro más próximo, cualquier aportación dineraria es positiva, por pequeña que sea, y la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio va a permitir un cierto desahogo.

Es más, el hecho de instaurar un tributo a las grandes fortunas permite avanzar en un sistema fiscal más progresivo, en el que aporta proporcionalmente más quien más tiene. Es precisamente esta una de las características del Estado de Bienestar moderno europeo. Si así se quiere –aunque particularmente no me gusta la expresión- se trata, en última instancia, de una cuestión de justicia y de redistribución de la riqueza.

Dado su relativamente escasa capacidad recaudatoria, su  recuperación –o la implantación de cualquier otro similar- estaría asociada a un gesto simbólico, social. Pero es que, ahora mismo, con más de cuatro millones de desempleados en España,  con un millón de familias sin ingresos y cada vez con más personas sin cobertura social de ningún tipo, ese pequeño gesto tiene un significado grandísimo.

Sólo por ello, la recuperación de este tributo es una buena noticia.

No lo voy a negar, habría alternativas incluso mejores, que tendrían que ver con una completa reformulación del sistema fiscal español. Pero eso queda ya para otro artículo.

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5 pensamientos en “A vueltas con el Impuesto sobre el Patrimonio

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