¿Nos podemos permitir 1.500 orientadores más con 5 millones de parados?

El desempleo es, en la actualidad, la mayor preocupación de la sociedad española, como han puesto de manifiesto las distintas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizadas últimamente.

A comienzos de 2012, España cuenta con 4.422.359 desempleados registrados oficialmente. Digo esto, porque si se elimina el “maquillaje estadístico” que el Gobierno aplica desde 2008, el número real de parados roza los 5 millones de personas.

No es de extrañar que el desempleo español se encuentre en niveles insostenibles, si se tiene en cuenta que las medidas que se han arbitrado desde las Administraciones Públicas para mejorar el empleo han sido muy costosas, pero completamente ineficaces.

Fuente: Libre Mercado

Un ejemplo de ello lo tenemos en una iniciativa que se puso en marcha en 2008 por el gobierno de Zapatero, y que aún hoy se mantiene vigente, con resultados más que dudosos. Se trata de la contratación (muy presumiblemente, a dedo) de 1.500 orientadores laborales, en el año señalado, para “perfilar itinerarios personalizados de inserción y realizar orientaciones grupales y personales a los colectivos más desfavorecidos por la crisis económica”. Los contratos de esos orientadores se renovaron en 2010, y en 2011 se ha vuelto a hacer.

Se trata de un proceso que requeriría de mayor transparencia. Por ejemplo, en la Región de Murcia se realizó un gasto público significativo en subvencionar cursos de formación para la obtención del título de orientador… para después no incluir a muchas de las personas que los realizaron en la bolsa de trabajo de orientadores. Más despilfarro parece imposible.

La cuestión no es baladí. Estos orientadores nos cuestan a los españoles la friolera de 201 millones de euros al año –algo inasumible para un país con un déficit público tan elevado como el español-, más aún si se tiene en cuenta los catastróficos resultados que han cosechado: desde su contratación a mediados de 2008, el paro no ha dejado de subir, lo que deja en muy mal lugar a estos orientadores, y a la eficacia de su trabajo. Ahí están los datos: en el segundo semestre de 2008 el paro subió en 738.539 personas, en el año 2009 en 794.640, en 2010 en 176.470, y en 2011 en 322.286. Esto es, desde que se les contrató, el desempleo ha aumentado en 2.031.935… ¿En qué se supone que han estado trabajando estos orientadores?

Se escudan en decir que “no estamos para encontrar empleo a la gente, sino para ayudarles a que ellos mismos encuentren empleo”. Parece una broma de mal gusto. PUES NO, SEÑORES, PUES NO. Con cinco millones de parados, lo que necesitamos es que se encuentre un trabajo a esas personas, que ustedes dejen de hacer el vago e intenten justificar lo injustificable. En definitiva, lo que hace falta es que se les despida a ustedes, y que se contrate a menos gente, pero más preparada, con mayor ilusión, y que sepan hacer bien su trabajo, contribuyendo a que el paro no siga aumentando. Pero es mi punto de vista, que el lector juzgue por sí mismo.

De hecho, creo que debería cuestionarse el funcionamiento de todos y cada uno de los Servicios Públicos de Empleo en España (que dependen de las Comunidades Autónomas, pero que están coordinados por el Ministerio de Empleo). Las cifras cantan: El Servicio Público de Empleo, que gestiona tanto las necesidades de oferta como de demanda, consigue solamente el 2,4% de las colocaciones. En este caso, las comparaciones resultan odiosas: las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) colocan 5,3 veces más trabajadores desempleados que los servicios estatales. Inexcusable. Por ejemplo, y de nuevo en la Región de Murcia, el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) tendrá un presupuesto de 207,7 millones de euros -se puede consultar en la Parte II se la sección Ley de Presupuestos de este enlace-. ¿Tiene sentido gastarse tanto dinero para colocar a menos del 3% de las personas? Me parece que no.

¿Por qué no se cede la función de estos Servicios Públicos a las ETT, que son mucho más eficientes, y además se las permite operar en todos los sectores de actividad, sin las limitaciones actuales?

En definitiva, si las Administraciones Públicas quieren ganar credibilidad, deberán afrontar de manera decidida el problema del paro, y ello a través de medidas que no supongan un gasto público excesivo, pero que resulten tremendamente eficaces. Se podría empezar, por ejemplo, “recortando” ese amplio grupo de ineficaces orientadores. En caso contrario, será muy difícil que la situación remonte en España.

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