Historia del disparatado endeudamiento de los municipios españoles (y murcianos)

Por Jesús Maeso Romero

Hubo una época en la que los Ayuntamientos españoles nadaban en la abundancia, fruto del dinero procedente del “boom” urbanístico que vivía España no hace mucho tiempo, y que se materializaba en ingresos derivados de impuestos asociados a la construcción (como el IBI) o de los famosos convenios urbanísticos.

En aquellos años de opulencia, muchos ediles, cegados por unos recursos que parecían no tener fin, se lanzaron a promover proyectos quiméricos sin tener en cuenta los efectos que sus acciones iban a tener a largo plazo. Lo importante era presentarse ante los ciudadanos con una serie de obras con gancho con las que atrapar sus votos. Daba la sensación de que el que tuviera menos que el pueblo vecino parecía tonto. Imperaba la ley del “cuanto más mejor”.

Y así, sin casi darse cuenta, los consistorios iban acumulando silenciosamente una creciente deuda, que parecía no importar: como cada vez habría más recursos del boyante negocio inmobiliario, no existiría problema alguno en pagar en un fututo. No fue así, poco después llegaron las vacas flacas, y la lentitud en la reacción de los consistorios permitió que incluso en los años más duros de la crisis la bola de nieve continuase haciéndose más grande.

Mientras los trabajadores se iban a la calle y se quedaban sin prestaciones, los poderes municipales se escudaban en una falsa austeridad al tiempo que continuaban despilfarrando el dinero que no tenían, a costa de endeudarse y de pedir prestado con cargo a los impuestos futuros que cobrarán al contribuyente.

Historia del endeudamiento Grafico 1

Así es como, en España, la “factura” pasó de 20.000 millones de euros en 2005, a más de 35.000 siete años después. Fue un proceso liderado además por las grandes ciudades, del que solamente se abstuvo algo más del 30% de los municipios españoles, la mayoría de ellos de pequeños tamaño. En su defensa puede argumentarse, empero, que el Estado y las Comunidades Autónomas alentaron y compartieron esta voracidad por el gasto. Y eso, por no hablar de los miles de entes y empresas públicas que proliferaron con fines muchas veces clientelares.

Lo grave viene cuando, en la situación actual, en la que las malas perspectivas han llevado a España a perder población por primera vez en muchas décadas, no solo no se le ha puesto freno al problema, sino que además se ha permitido que empeore. Se ha intentado disimular el asunto con subidas impositivas supuestamente temporales. Pero ya se sabe, nada hay tan permanente como los impuestos que se establecen con carácter temporal.

La Región de Murcia, donde tantos desmanes se registraron en aquella supuesta “etapa dorada”, por supuesto que no fue ajena a esta infernal dinámica, hasta el punto de que solamente un municipio, Ulea -que para más INRI no representa ni el 0,05% de la población murciana- tenía a cero el contador de la deuda a finales de 2012.

Historia del endeudamiento Grafico 2

Los restantes cuarenta y cuatro acumulan un endeudamiento nada despreciable de 968 millones de euros, 251 millones más que en el año anterior, y  340 más que hace tan solo cuatro años.

O, lo que es lo mismo, tocamos a 657 euros por habitante. Es obligado relativizar las cifras y ponerlas en función de la población, porque no le quepa duda, estimado lector, que será usted y sus vecinos quienes pagarán el pato.

No es cuestión menor, porque si además sumamos la deuda de la Comunidad Autónoma –más de 4.600 millones- la derrama se sube a 3.800 euros por “vecino”. En este maremagnum de cifras, conviene señalar que hay diferencias notables entre municipios. Ya hemos comentado que, entre los buenos alumnos, hay que destacar a Ulea, pero también a Alhama de Murcia y Águilas, que presentan una posición aceptable y una deuda de menos de 100 euros por habitante.

Pero en otros, la situación comienza a ser muy complicada y corre el riesgo de volverse insostenible. Estaríamos hablando de Alcantarilla, Beniel, Totana, Ceutí y Aledo, donde los compromisos financieros pendientes parecen claramente sobredimensionados.

Asimismo, algunos otros como Ojós, Abanilla, Abanilla, Los Alcázares, Archena, San Pedro del Pinatar o Torre Pacheco podrían empezar a tener problemas en breve, tanto por su volumen de deuda –superior a la media- como por su rápido crecimiento en los últimos años, pues han más que triplicado su deuda en menos de cinco años.

Obviamente, cada municipio tiene sus propias particularidades, y ha llegado al momento actual por una senda diferente, pero se requiere una acción enérgica que permita remontar y poner coto al libre albedrío de los alcaldes.

Este razonamiento es extensible, por supuesto, a los grandes municipios de la Región de Murcia que, salvo en el caso de la capital (508 €/habitante) cuentan con un endeudamiento superior a la media, tanto en el caso de Cartagena (723) como en el de Lorca (768).

En definitiva, las Administraciones Públicas han ido con el tiempo ampliando las funciones que tradicionalmente tenían encomendadas. Han excedido los límites marcados tanto por los analistas clásicos como Adam Smith, como los de los defensores del Estado de Bienestar como Beveridge.

La pauta común ha ido casi siempre la del aumento indiscriminado del gasto público, justificado o no. Algo que, por otra parte, no tendría nada de malo si los recursos se empleasen eficientemente y se financiaran con un sistema fiscal más justo y equitativo. Pero, al menos en España, no ha sido así. Y el ejemplo perfecto lo tenemos precisamente en los Ayuntamientos.

Por una parte, han hecho recaer la mayor parte de la carga impositiva precisamente sobre quienes tienen una capacidad de pago limitada: las clases medias y bajas. Por otro, lo que no han podido financiar de este modo, lo han hecho recurriendo a un progresivo endeudamiento, que ha alcanzado en algunos casos niveles casi insostenibles. En la Región de Murcia algún caso hay, como acabamos de exponer.

Todo ello hace que sea necesario reabrir un viejo debate habitual en los manuales de Hacienda Pública. Ése relativo a la participación de los gobiernos en la actividad económica, a la articulación de la política fiscal óptima, y al reparto de la carga impositiva entre las clases sociales. En este sentido, no debe olvidarse nunca que, en el ámbito de la política, el objetivo último debe ser el del servicio al ciudadano, y no el de favorecer a determinadas castas. Si lo obviamos, el resultado es el monstruo creado hoy día en las Corporaciones Locales.

Para revertir esta situación, será necesario un nuevo modelo que tome como punto de partida la máxima transparencia en las decisiones, la mayor eficiencia posible en el gasto, la puesta en marcha de sistema fiscal justo, progresivo y equitativo, y una clara vocación de servicio al ciudadano y de garantía del Estado de Bienestar.

Un artículo de Jesús Maeso Romero para https://coquesaeba.wordpress.com/

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