¿Solucionamos el déficit público español?

  • Para reconducir el elevado déficit público español solo hay dos alternativas: bajar el gasto público o subir los ingresos, ¿por cuál de estas opciones debería optar el Gobierno?
  • En las líneas que siguen se expone una justificación que permitiría asemejar la fiscalidad española a la de los países de su entorno.

Es conocido que, desde el inicio de crisis originada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria española en 2008, las Administraciones Públicas españolas están teniendo serias dificultades para controlar el déficit público. Tanto, que en repetidas ocasiones se ha superado el límite establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea (fijado en el 3% del PIB del país).

Deficit España 2013

Los déficits acumulados entre 2008 y 2013 suman nada menos que 550.000 millones de euros, lo que ha propiciado que la deuda pública haya pasado desde el 40,2% del PIB por aquel entonces -una de las más bajas de la Eurozona- al 93,9% actual, por encima ya de la media de los países del Euro (92,6%). Sigue leyendo

Historia del disparatado endeudamiento de los municipios españoles (y murcianos)

Por Jesús Maeso Romero

Hubo una época en la que los Ayuntamientos españoles nadaban en la abundancia, fruto del dinero procedente del “boom” urbanístico que vivía España no hace mucho tiempo, y que se materializaba en ingresos derivados de impuestos asociados a la construcción (como el IBI) o de los famosos convenios urbanísticos.

En aquellos años de opulencia, muchos ediles, cegados por unos recursos que parecían no tener fin, se lanzaron a promover proyectos quiméricos sin tener en cuenta los efectos que sus acciones iban a tener a largo plazo. Lo importante era presentarse ante los ciudadanos con una serie de obras con gancho con las que atrapar sus votos. Daba la sensación de que el que tuviera menos que el pueblo vecino parecía tonto. Imperaba la ley del “cuanto más mejor”.

Y así, sin casi darse cuenta, los consistorios iban acumulando silenciosamente una creciente deuda, que parecía no importar: como cada vez habría más recursos del boyante negocio inmobiliario, no existiría problema alguno en pagar en un fututo. No fue así, poco después llegaron las vacas flacas, y la lentitud en la reacción de los consistorios permitió que incluso en los años más duros de la crisis la bola de nieve continuase haciéndose más grande. Sigue leyendo

¿Es sostenible la Deuda del Ayuntamiento de Molina?

No ha sido extraño que las Administraciones Públicas españolas hayan ido aumentando progresivamente su participación en la vida social y económica del país, y asumiendo cada vez un mayor número de funciones. De hecho, ni el Estado, ni las Comunidades Autónomas, ni los Ayuntamientos han escapado a esta dinámica.

En algunas ocasiones, esta hiperactividad pública ha estado justificada por el aumento de población, y otras por las mejoras en los servicios prestados a los ciudadanos. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Molina de Segura. Por una parte, ha sido uno de los municipios de la Región de Murcia con mayor crecimiento demográfico en las últimas décadas, hasta alcanzar ya las 68.000 personas empadronadas en 2013. Por otra, al superar en 2003 la barrera de los 50.000 habitantes, se ha visto obligado legalmente (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) a la provisión de nuevos servicios públicos, como el transporte urbano de viajeros y la protección del medio ambiente. Sigue leyendo

El Ayuntamiento de Molina cuadra sus cuentas en 2012 con subida de impuestos incluida

  • El Ayuntamiento de Molina de Segura consiguió cuadrar positivamente sus cuentas en 2012, con una significativa y acertada moderación del gasto, acompañada de una desafortunada subida de impuestos.

Uno de los problemas crónicos que arrastra la economía española en los últimos años es la incapacidad de los poderes públicos para reconducir los elevados niveles de déficit público alcanzados desde el inicio de la crisis. Frente a la preocupación que este asunto genera, el Ayuntamiento de Molina de Segura consiguió en 2012 un importante logro del que no todas las Administraciones Públicas podrán presumir: sus ingresos fueron mayores que sus gastos.

Este resultado se explica, en primer lugar, por una importante reducción de gasto en los distintos departamentos del consistorio, y que no se habría conseguido sin el firme compromiso del equipo de gobierno. En segundo, por la significativa subida de impuestos aplicada (que afectó al IBI, al sello del coche, a las tasas de la basura, agua, tasas,…) en un momento muy delicado para las familias del municipio. 

Leer el artículo completo en Vega Media Press: http://vegamediapress.es/not/4530/molina_cuadra_sus_cuentas_en_2012_con_subida_de_impuestos_incluida/

¿Qué debe hacer España para salir de la crisis?

Inevitablemente, la situación de España ocupa desde hace unas fechas un lugar preeminente en los principales foros de actualidad económica internacional. Quizás tal logro obedezca a (de)méritos propios, pues llama la atención la incapacidad del país para salir de una situación que en su origen se anunciaba como una ligera desaceleración, ya que no se esperaba que la crisis financiera internacional desatada por la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos fuese a tener una incidencia importante por estos lares.

Cinco años después de aquello, y pese a la multitud de medidas que se han puesto en marcha por todo tipo de poderes gubernamentales (desde locales o regionales, a nacionales o europeos), las perspectivas del país ibérico no pueden ser más negativas, siendo objeto de análisis de multitud de organismos e instituciones nacionales e internacionales.

En todos los informes realizados, siempre hay una pregunta que se intenta responder :

¿Qué debe hacer España para salir de la crisis?

Recientemente, la OCDE ha propuesto su particular recetario (se puede ver una síntesis en español en el diario El País) en un estudio dirigido a analizar exclusivamente el contecto español. Entre las medidas propuestas, destacan entre otras:

  • Aumentar (otra vez) el IVA, como si las dos subidas aplicadas en los últimos dos años no hubiesen sido suficiente (en 2010 el tipo general pasó del 16 al 18%, y en 2012 al 21%).
  • Abaratar (aún más) el despido, profundizando más en la reforma laboral aprobada este mismo año. Y eso, pese a que en otros informes la propia OCDE señalaba que “en economías deprimidas, este tipo de reformas (laborales) reportará beneficios más rápido solo si se ponen en marcha una vez que el mercado de trabajo muestra signos claros de recuperación”.
  • Que los jubilados cobren menos, extendiendo el cómputo de la pensión a toda la vida laboral (ahora mismo se contabilizan los 25 últimos años de vida laboral) y prolongar aún más el plazo necesario para lograr la pensión máxima (ahora mismo se logra con 37 años cotizados).
  • Minorar las prestaciones de desempleo, dificultando el acceso a las mismas y aumentadno los requisitos de búsqueda activa de empleo para los perceptores de tales prestaciones.
  • Elevar los impuestos sobre productos energéticos.
  • Liberalizar los horarios comerciales y reducir las barreras de entrada para las grandes superficies comerciales.
  • Liberalizar sectores específicos, como servicios profesionales, transporte ferroviario y por carretera.

Y todo ello, entre otras grandes barbaridades (y algunas pequeñas cosas sensatas, como por ejemplo la necesidad de “liquidar” las entidades financieras no viables).

¿Tienen sentido estas propuestas?

Sobre el papel, a lo mejor todo esto puede incluso llegar a quedar muy bonito y bien presentado.

Eso sí, de:

Fuente: Eurostat, precios de la electricidad en los hogares en el segundo semestre de 2011.

Fuente: AldeaGlobal.com

  • Contener los elevados beneficios empresariales para mantener los precios bajo control, como ha demandado hasta el el Banco de España.
  • Equiparar los salarios españoles a los europeos, pues la entrada en la UE primero y en la zona euro después ha impulsado la convergencia a la media europea en precios, pero no en salarios, que no han cesado de “encoger” en los últimos años.
  • Elevar la tributación a las grandes fortunas, imponiendo a quienes ganen más de un millón de euros una tributación del 75% en el IRPF, como acaba de aprobar el Gobierno de François Hollande en Francia.
  • Encarcelar a políticos y banqueros corruptos, esos de quienes el Comisario Europeo de Competencia, Joaquín Almunia, prefiere “no dar nombres y apellidos pero que si se hiciera saldría una lista relativamente larga”.
  • Garantizar unos servicios públicos de calidad, en lugar de aplicar un recorte tras otro recurriendo en el ámbito sanitario a medidas tan gravosas para las clases medias y bajas como el copago framaceútico, u otras de resultados tan dudosos como la gestión privada de centros sanitarios. ¿O acaso olvidamos que el gasto anual en Sanidad por habitante en España (2.122€ según Eurostat) es menor al de Alemania (3.280), Francia (3.388), Bélgica (3.416), Austria (3.326), u Holanda (3.861), por poner algunos ejemplos? En Educación, a conclusiones similares se llega si se observan los datos de Eurostat. ¿Tan insostenibles son los sistemas españoles de Sanidad y Educación cuando está demostrado que son  relativamente baratos en comparación con otros países?

Gasto público en educación, como porcentaje del PIB. Fuente: Eurostat

  • En definitiva, de mejorar el BIENESTAR de las personas,

De todo eso, la OCDE no ha dicho absolutamente nada. Qué lástima.

Una organización que debiera tener cierto reconocimiento internacional, se centra en números, en lugar de hacerlo en las personas, y obtiene unas conclusiones sin ningún fundamento real, completamente alejadas de los que requiere un país que lo está pasando tan mal como España. Debería revisar la situación de países como Grecia (como hace este brillante artículo de IFR), y las razones que la han llevado a su situación actual,  para ver que con sus “recetas” abocan a España al mismo destino.

Que unos mindundis extranjeros -que no conocen de nada España- nos vengan con cuentos chinos, no deja de ser bastante decepcionante. Estos analistas deberían cambiar sus supuestos méritos académicos por conocimiento de la realidad y por un poco (solo un poco) de sentido común.

De veras, no es tan dofícil poner un poco de criterio en las opiniones que uno pueda realizar, es cuestión de esforzarse un poco.

Se podría seguir abundando en otros muchos temas que toca por encima el informe de la OCDE (paro en los jóvenes -se olvida por cierto del paro de los “no jóvenes”, reforma del sistema financiero, déficit público,…) pero sería cabrearse aún más innecesariamente.

Leía recientemente la siguiente parábola en el Evangelio de San Juan (21, 5-11):

«De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido”. Ellos le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto, y cuál será la señal de que va a suceder?”. Jesús respondió: “Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi Nombre, diciendo: ‘Soy yo’, y también: ‘El tiempo está cerca’. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones no se alarmen; es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin”. Después les dijo: “Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos; peste y hambre en muchas partes; se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo».

Después de reflexionar un poco sobre su contenido, y con lecturas como la referida de la OCDE, tengo más que nunca la convicción de que ahora sí que es seguro que estamos muy cerca del final.

A vueltas con el Impuesto sobre el Patrimonio

Desde que el gobierno socialista decretara la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio –que el mismo gobierno “canceló temporalmente” en 2008- como medida para paliar el elevado déficit público español y contener la creciente deuda pública, se han organizado interesantes debates sobre la conveniencia o no de dicha medida.

El Impuesto sobre el Patrimonio “es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas” (Art. 1 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio), entendiendo el patrimonio neto como “el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder”.

Los objetivos del impuesto, tal como se señala en la exposición de motivos de la citada Ley, fundamentalmente son:

a)      equidad, gravando la capacidad de pago adicional que la posesión del patrimonio supone;

b)      de utilización más productiva de los recursos;

c)      de una mejor distribución de la renta y la riqueza

d)      de actuación complementaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

e)      la consecución de una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios y la obtención de una mayor justicia redistributiva complementaria de la aportada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Atendiendo a este último punto, se tiene que el Impuesto pretende gravar en mayor medida a aquellas personas que a lo largo de los años hayan acumulado una mayor riqueza, un mayor patrimonio.

Precisamente por ello, algunas de las voces tradicionalmente más críticas contra el tributo han sido las de las grandes fortunas españolas y las de los representantes de los empresarios.

Esas mismas voces son las que han vuelto a criticar ahora la recuperación del impuesto por parte del Gobierno. Así, Emilio Botín (presidente del Banco Santander), Joan Rosell (presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa CEPYME o el Círculo de Empresarios son algunas de las personas e instituciones que  ven “muy negativo que se recupere el gravamen sobre el Patrimonio”.

Resulta esta actitud muy diferente de la que han mostrado grandes fortunas de otros lugares del mundo, que han pedido a sus respectivos gobiernos pagar más impuestos, aunque sea temporalmente, para contribuir a resolver los problemas de déficit público excesivo que aquejan a la mayoría de estados desarrollados. En Francia, Italia y Alemania ha ocurrido esto, y es lo que han pedido también multimillonarios estadounidenses como Warren Buffet. Entienden que, en la difícil situación en la que se encuentran los gobiernos de sus países, los más ricos tienen que ejercer un mayor sentido de la responsabilidad. Y, dado que son los que mayor capacidad de pago tienen, entienden que pueden aportar su granito de arena.

Me hubiera gustado que en España hubiera sucedido lo mismo. Pero aquí somos o parecemos diferentes. O, al menos, los ricos de aquí lo son o lo parecen.

Solamente casos aislados de españoles pudientes, como Rosalía Mera, una de las principales accionistas de Inditex, se alinean con los ricos alemanes o franceses.

Hay, por tanto, elementos para el debate. Algunos expertos señalan que es un tributo lleno de deficiencias. Entre los principales argumentos que se aportan para la abogar por la eliminación del tributo están que es “desigual”, que “recae sobre la clase media”, que resulta “fácil de eludir” por los más ricos, que “penaliza el ahorro”, que provoca la fuga del país de grandes fortunas, que hace que las inversiones se deslocalicen hacia otros países o que se trata de una doble imposición (que grava rentas que ya tributaron en su momento por IRPF o por Sociedades).

Cabe realizar una serie de objeciones a tales postulados. Por una parte, la anunciada ampliación del mínimo exento hasta 700.000€ (antes estaba en 100.000€) garantizará que las clases medias no se vean obligadas a tributar, pero en cambio sí quedarán sujetos los patrimonios más elevados, en los que además se consigue una mayor recaudación agregada. Teniendo en cuenta el último año de aplicación (2007), se observa que más del 58% de la recaudación era aportada por los patrimonios superiores a 1,5 millones de euros, que representan solamente el 5% de los declarantes totales.

Fuente: El País

Otra crítica bastante recurrente es que la renta gravada por este impuesto ya tributa por el IRPF en el momento en el que es generada. Por tanto, no hay por qué volver a gravarla posteriormente en el Impuesto sobre el Patrimonio, ya que constituiría lo que se denomina “doble imposición”. En este punto, cabe objetar que renta y riqueza son realidades impositivas distintas; y que, además, el sistema fiscal está plagado de dobles imposiciones. Por ejemplo, el IVA grava el consumo o gasto que las familias hacen de sus rentas (rentas que, como es sabido, también han tributado ya por el IRPF), sin que nadie hable por ello de doble imposición.

Se argumenta también que genera una fuga de los ahorros y por tanto consigue que se invierta menos en el país y que haya una menguante actividad económica. Lo cierto es que el 99% de las empresas españolas son PYMES, y parece altamente improbable que la mayoría de sus administradores, gerentes o propietarios tengan fortunas superiores a 700.000€. La tabla de arriba muestra que el número de liquidaciones superiores a 1,5 millones de euros no llega en realidad a las 50.000.

Una crítica más sólida es el deficiente mecanismo utilizado para valorar los activos. Tal como señala José María Durán en El País, la vivienda habitual está, en buena medida, exenta, al excluirse los primeros 300.000 euros que se abonen por ella. Pero un inmueble adquirido en 2006 por 500.000 euros puede ahora valer mucho menos. Y, sin embargo, el contribuyente deberá tributar por él si su valor de compra supera al catastral, como sucede con casi todas las adquisiciones recientes. Por tanto, debería realizarse un ajuste técnico que permitiera una valoración común para todo.

Es cierto que, entre los países de la Eurozona, solamente Francia mantiene un tributo equiparable al de Patrimonio. En Europa, aparte de España y Francia, también lo aplican Liechtenstein, Noruega, y Suiza -a nivel de algunos cantones y comunas-. Otras muchas economías desarrolladas disponían hace años de impuestos similares, pero los han suprimido. Es el caso, por ejemplo, de Japón, Italia, Austria, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Finlandia o Suecia.

Fuente: Libertad Digital

Recientemente, la OCDE ha elaborado un reciente informe favorable a este tipo de impuestos, aludiendo razones de equidad y de eficiencia económica para su mantenimiento en el sistema fiscal. En esa línea están los anuncios realizados en Francia –que endurecerá temporalmente la tributación a los ricos para intentar reducir su déficit- o Grecia –con un nuevo impuesto inmobiliario-, así como las propuestas de algunos partidos políticos españoles como CIU –que propone crear un tributo que grave a las grandes fortunas– o UPyD –que ha pedido en reiteradas ocasiones la recuperación del I. Patrimonio haciéndolo más justo-.

Según el Ministerio de Economía y Hacienda, la recaudación que se espera obtener con el nuevo Impuesto del Patrimonio es reducida, de unos 1.080 millones, la mitad de lo que se consiguió en 2007 con la antigua normativa. Pero esta cifra no tiene en cuenta que a) el Estado delegó múltiples competencias de este tributo a las Comunidades Autónomas, que podían regular en su territorio el mínimo exento del impuesto, la tarifa del mismo y las deducciones y bonificaciones de la cuota; b) algunas de estas comunidades, en las que se conseguía mayor recaudación como Madrid, ampliaron los límites exentos de tributar hasta niveles elevados, que suponían casi la desaparición del tributo en sus territorios. Ello puede hacer que la recaudación efectiva sea aún menor, de unos 500 millones de euros, que suponen una cuantía realmente pequeña, apenas el 0,05% del PIB. Esta cantidad, que se empezaría a recaudar en 2012, no tendría por tanto un impacto significativo sobre el déficit público español.

En definitiva, el nuevo impuesto no servirá para reducir significativamente el gran déficit público español, y puede que no resulte determinante para la recuperación del equilibrio presupuestario al que se ha comprometido el Gobierno Español con la Unión Europea, y al que está obligado por  el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Aún así, en momentos tan críticos para las arcas públicas como son los actuales y los del futuro más próximo, cualquier aportación dineraria es positiva, por pequeña que sea, y la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio va a permitir un cierto desahogo.

Es más, el hecho de instaurar un tributo a las grandes fortunas permite avanzar en un sistema fiscal más progresivo, en el que aporta proporcionalmente más quien más tiene. Es precisamente esta una de las características del Estado de Bienestar moderno europeo. Si así se quiere –aunque particularmente no me gusta la expresión- se trata, en última instancia, de una cuestión de justicia y de redistribución de la riqueza.

Dado su relativamente escasa capacidad recaudatoria, su  recuperación –o la implantación de cualquier otro similar- estaría asociada a un gesto simbólico, social. Pero es que, ahora mismo, con más de cuatro millones de desempleados en España,  con un millón de familias sin ingresos y cada vez con más personas sin cobertura social de ningún tipo, ese pequeño gesto tiene un significado grandísimo.

Sólo por ello, la recuperación de este tributo es una buena noticia.

No lo voy a negar, habría alternativas incluso mejores, que tendrían que ver con una completa reformulación del sistema fiscal español. Pero eso queda ya para otro artículo.